Los estudiantes de la Universidad de Los Lagos mantienen la paralización de sus actividades académicas tras una reciente votación, en la que más del 60% de los votantes decidió continuar con la movilización. Esta acción comenzó el 28 de octubre como respuesta a una serie de demandas que la Federación de Estudiantes ha planteado debido a diversas problemáticas dentro de la institución.

Las principales quejas incluyen la ineficacia de los protocolos actuales, un sistema de denuncias obsoleto, y el trato punitivo hacia quienes denuncian malas prácticas dentro de la universidad. Estos reclamos se intensificaron en el contexto del caso de la académica Sandra Ríos, quien denunció presunto acoso sexual y discriminación de género por parte de un colega docente.

El petitorio estudiantil, de cuatro páginas, expone el descontento generalizado entre los estudiantes, según detalló la Consejera Superior, Verónica Parra. Aunque en el documento no se exige la renuncia del rector, Parra señaló que existe una creciente presión social para que este no se repostule en las próximas elecciones.

Posición de la Rectoría

Por su parte, la rectoría de la universidad informó que este lunes se firmó un principio de acuerdo con respecto a las demandas estudiantiles, aunque dicho acuerdo no fue ratificado por la Asamblea del estamento estudiantil. En su comunicado, la universidad destacó que el acuerdo suscrito representa avances significativos en varios temas clave, como la mejora de los protocolos contra la violencia de género, el seguimiento de denuncias, la participación estudiantil, y la gestión de la docencia, entre otros aspectos relacionados con la convivencia y la seguridad estudiantil.

Sobre las denuncias de violencia de género, la universidad afirmó que cumple con todos los procedimientos establecidos por la Ley 21.369. Además, señaló que durante este año se han investigado tres casos de esta naturaleza presentados por estudiantes. Finalmente, destacó que todas las denuncias que ingresan a la oficina de atención de acoso sexual y violencia de género cuentan con acompañamiento psicológico y legal, en caso de que los hechos se enmarquen fuera del ámbito universitario.