La Contraloría General de la República, encabezada por Dorothy Pérez, detectó irregularidades en la compra de un terreno de 448 hectáreas en la zona fronteriza de Futaleufú por parte de una sociedad vinculada a ciudadanos argentinos.

La investigación surgió tras una denuncia de vecinos, quienes advirtieron que la propiedad habría sido adquirida infringiendo la normativa que restringe la compra de terrenos fronterizos por personas de países limítrofes sin autorización presidencial.

Según el dictamen, el abogado representante de la sociedad Inversiones Rumbo Sur SpA declaró bajo juramento que la empresa no estaba controlada por ciudadanos argentinos, lo que Contraloría calificó como falso. Sin embargo, tras revisar la composición de la sociedad, se concluyó que los accionistas argentinos poseen un 32% de participación, cifra que se encuentra dentro del límite permitido por la ley.

Pese a ello, los antecedentes fueron enviados al Ministerio Público por la eventual comisión de un delito relacionado con la declaración jurada, además de remitirse información a las Cortes de Apelaciones de Puerto Montt y Santiago.

Contraloría también advirtió sobre el riesgo de que ciudadanos extranjeros con doble nacionalidad oculten información en este tipo de operaciones y pidió a distintos ministerios y organismos reforzar los controles sobre la compraventa de terrenos en zonas fronterizas.