​Un grupo de estudiantes de 8° básico del Colegio Alerce de Puerto Montt es investigado tras proponer una violación grupal contra una docente, además de planear el secuestro de los hijos del director y el incendio del recinto. La profesora se encuentra con licencia médica y «muy asustada».

​PUERTO MONTT.– Una situación de extrema gravedad sacude a la comunidad educativa del Colegio Alerce. Una profesora del establecimiento interpuso una querella criminal luego de que se filtraran capturas de pantalla de un grupo de WhatsApp de sus alumnos de 8° básico, donde se proponen actos de violencia sexual explícita contra ella y delitos contra el director del plantel.

​De acuerdo a los antecedentes de la querella, los mensajes —emitidos por menores de entre 13 y 15 años— sugieren textualmente: «Y si la violamos» y «Viólenla entre todos», acompañados de comentarios misóginos sobre la vida privada de la docente.

​Amenazas de secuestro y extorsión

​El chat no solo se limitó a las agresiones contra la profesora. Los estudiantes también discutieron un plan para secuestrar a los hijos del director de la escuela, exigiendo un rescate de 10 millones de pesos y el permiso para usar teléfonos celulares en horario de clases. Además, se mencionaron intenciones de incendiar el edificio escolar.

​El abogado de la víctima, Mauricio Sáez, confirmó que la docente se encuentra fuera de sus funciones:

​«No se encuentra con ninguna medida de protección, está solo con licencia en su casa y muy asustada. Recomendamos que mantuviera la licencia porque, por el tipo de hecho, no aplicaba el protocolo de Aula Segura», explicó el jurista.

​Respuesta del DAEM y falta de sanciones

​A pesar de la gravedad de las amenazas, los menores implicados aún no han sido sancionados. Desde el DAEM de Puerto Montt, el director subrogante Faustino Villagra informó que se activaron los protocolos de convivencia escolar, pero que están a la espera de un pronunciamiento de la Superintendencia de Educación para determinar los pasos a seguir.

​El caso ha generado indignación y preocupación en el gremio docente, poniendo nuevamente en tela de juicio la efectividad de las normativas de protección para trabajadores de la educación frente a agresiones de carácter criminal por parte de estudiantes.