Tras una compleja investigación denominada «Operación Guaraní», el Juzgado de Garantía ordenó la prisión preventiva para los tres principales cabecillas de una organización criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual. Otros siete integrantes de la red quedaron bajo la medida cautelar de arresto domiciliario total.

La investigación, que se gestó desde el año 2025, fue liderada por el Ministerio Público y detectives de la Agrupación de Alta Complejidad de la Provincia de Llanquihue, en conjunto con la Brigada de Lavado de Activos (Brilac). El origen de la indagatoria se remonta a la detección de un preocupante aumento del comercio sexual clandestino en Puerto Montt, lo que llevó a desmantelar esta red de alcance nacional.

Según antecedentes de la PDI, la estructura criminal —integrada por ciudadanos chilenos y extranjeros— captaba mujeres en Paraguay ofreciéndoles oportunidades laborales. Sin embargo, una vez que las víctimas ingresaban a Chile con visa de turista, eran trasladadas a la Región de Los Lagos, donde se les imponían condiciones distintas a las prometidas y eran forzadas a la explotación sexual, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad.

La investigación determinó que, tras aumentar su patrimonio ilícito, la organización —liderada por una mujer extranjera— logró expandir sus operaciones hacia Viña del Mar.

En el marco de la «Operación Guaraní», más de 50 detectives realizaron siete allanamientos simultáneos en Santiago, Viña del Mar, Puerto Montt y Castro, logrando la captura de los diez implicados. Los arrestos se distribuyeron de la siguiente manera: cinco en Viña del Mar, dos en la Región Metropolitana, uno en el paso Los Libertadores, uno en Puerto Montt y uno en la provincia de Chiloé.

Durante los procedimientos, las fuerzas policiales incautaron evidencia clave, incluyendo teléfonos celulares, computadores, discos duros, pendrives, registros contables detallados y dinero en efectivo (pesos chilenos y dólares).

Actualmente, los diez imputados enfrentan cargos por los delitos de asociación criminal, trata de personas y lavado de activos.